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Manifiesto a favor de una comisión de la verdad sobre los crimenes del franquismo

| 2 dic 2012


El derecho a la verdad, la justicia y la reparación, es un derecho humano de las víctimas, especialmente de aquellas que lo han sido como resultado de los crímenes de genocidio, guerra y lesa humanidad o de las que fueron eliminadas, secuestradas, ejecutadas extrajudicialmente, mediante juicios sumarísimos injustos, torturadas, exiliadas, desaparecidas, sustraídas a sus familias naturales, por mecanismos y métodos diseñados por los aparatos de poder organizados desde el Estado o fuera del mismo, pero con su apoyo y reconocimiento.

Entre 1936 y 1975, en España, se sufrieron las consecuencias de una cruel y atroz dictadura, que no reconoció aquel derecho a decenas de miles de personas que defendieron la Republica o que, simplemente, no eran ideológicamente afines al nuevo estado, cercenándose toda opción de resarcimiento por vía judicial, persiguiéndose a las víctimas, depredando sus bienes o permitiendo la ejecución de decisiones judiciales arbitrarias que han imposibilitado toda posibilidad de reparación.

La primera iniciativa de las víctimas que ha tenido trascendencia ante la justicia española, fue la presentación de varias denuncias y querellas por víctimas y asociaciones de víctimas, organizaciones de derechos humanos y de la memoria histórica, sindicatos y otros organismos, en 2006 ante el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, a cuyo frente se encontraba el magistrado Baltasar Garzón. El 16 de octubre de 2008, el juez, admitió a trámite el caso y ordenó que se investigaran los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la época franquista, ordenando que se identificara a los responsables y ordenando varias exhumaciones y la formación de una comisión de expertos, entre otras medidas.
Inmediatamente se produjo la reacción de todas las fuerzas contrarias a esa investigación, ordenando la Sala Penal de la Audiencia Nacional que se cerrara la causa. No obstante continuó en otros juzgados, hasta que el Tribunal Supremo decidió la prohibición de investigar.

Los hechos, son conocidos, como también que se sometió a juicio al juez garzón por esta investigación, resultando absuelto, no sin antes haber estado suspendido de funciones por casi dos años.

Lo anterior demuestra que en España, se ha impuesto la impunidad más rampante respecto de estos graves crímenes y que la justicia, siguiendo el criterio impuesto por el Tribunal Supremo, han renunciado a la investigación y sanción de estos crímenes así como a la búsqueda de la verdad y a la reparación integral de las víctimas. Con esto, la credibilidad de la justicia española, en este campo, ha quedado internacionalmente destruida por el incumplimiento de todos los Instrumentos que imponen la obligatoriedad de la investigación.

Las víctimas, más allá de la participación que tuvieron como testigos en el juicio contra el juez Garzón y de los exiguos derechos que se recogen en la ley de memoria histórica, han quedado desvalidas y olvidadas por el Estado y sus instituciones; y, su derecho a la verdad y a la reparación, pisoteado por quienes han consentido esta situación.

La verdad sobre los crímenes franquistas, como derecho y como instrumento imprescindible para la reconciliación, es algo que debe reivindicarse por encima de ideologías, por todos/as los/as españoles/as, como algo a lo que no se puede renunciar y que nos purificara ante las generaciones venideras, alejando la sensación de complicidad o al menos indiferencia con las que actuamos como pueblo.

La eliminación de ayudas para el levantamiento de fosas, la reducción de subvenciones, so pretexto de la crisis, y, con ello, la imposibilidad de compensación para las víctimas, hacen imprescindible la puesta en marcha de la COMISION DE LA VERDAD, como tributo mínimo a todos/as aquellos/as que tienen derecho a conocer aquella verdad de parte del Estado y las Instituciones que lo forman, así como de los que propiciaron los execrables hechos; y, a recibir el reconocimiento por la pérdida sufrida y para evitar la vergüenza internacional y ante las generaciones venideras.

En el Encuentro estatal de Asociaciones de la Memoria Democrática y de las Víctimas del Franquismo, celebrado el pasado 29 de septiembre en Madrid, se decidió poner en marcha y constituir la Plataforma por la Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo.

La referida Comisión, es la principal respuesta de las Asociaciones a la exigencia de verdad, justicia y reparación y el desamparo político y jurídico en el que hoy viven las víctimas, propiciado por un gobierno insensible con tal derecho y al Tribunal Supremo que ha cerrado la vía jurídico-penal, pero que reconoció como legítima la aspiración a saber lo que sucedió, cómo y por qué.

Se trata, pues, del último intento de establecer la verdad democráticamente aceptada por la mayoría de la sociedad española. Debe ser la respuesta de esta, frente a la impunidad de los actos franquista, la que supla la omisión e indignidad vigentes hasta la fecha.

Esta iniciativa, para tener éxito, necesita buscar apoyos sociales, políticos, institucionales y ciudadanos que hagan posible un compromiso democrático para promoverla, conseguirla y desarrollarla. “Es un mecanismo que entre todos tenemos que dotar de vida, porque se trata de levantar un edificio jurídico, político y ético sobre los crímenes cometidos por la dictadura franquista que establezca la verdad del horror”; pero también debe ser un mecanismo unitario, una acción colectiva que implique a la mayor parte de la sociedad y al que se incorporen múltiples asociaciones de la memoria, manteniendo cada una su idiosincrasia, pero con el firme propósito de que cumpla su cometido de reparar a las víctimas con la verdad que hasta ahora se les ha negado.


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